Otro foco de tensión con los gobernadores por tarifas

Varios gobernadores mostraron su descontento al pedido que casi con tono plañidero lanzó Mauricio Macri desde Neuquén, primero, y Juan José Aranguren, después, para que los distritos amortigüen el impacto de las subas en el gas y en la luz, es una prueba de eso. 

Sólo el alineamiento incondicional de María Eugenia Vidal quebró ayer la lógica de la negociación a la que, inevitablemente, debe someter el Gobierno cada acuerdo con las provincias. Frente al resto de sus colegas la bonaerense tenía pocos argumentos para negarse a anunciar, casi en simultáneo con el mensaje desde Vaca Muerta, una rebaja del 15%. No sólo recuperó -vía eliminación del Fondo del Conurbano- un adicional de $65 mil millones, sino que la simbiosis política con Macri le allana el camino para pensar en la reelección. 

El eje de la argumentación oficial se ciñe a los recargos por impuestos que aplican las provincias en las facturas de los servicios públicos, que en algunos casos llega al 25 por ciento. Precisamente, el de los impuestos, es el factor de tensión que arrastra la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada desde el Consenso Fiscal firmado en noviembre y que, entre otros puntos, estableció el compromiso de un corset tributario gradual a Ingresos Brutos. Topes que, en rigor, sólo respetaron hasta el momento 17 distritos, y cinco sin subir ninguna alícuota de ese tributo.

La semana pasada, el mensaje llegó desde las propias filas de Cambiemos, cuando el gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, materializó una propuesta para "aplanar" el impacto de las subas. Algunos creyeron ver en esa avanzada cuyana un efecto expansivo de la crisis interna de Cambiemos, entre los socios radicales y el PRO. 

El escenario de la política trasciende el límite de la General Paz. Y desde hace algunas semanas el radicalismo mira de reojo (y con cierta desconfianza) algunos contactos de operadores del Gobierno con vicegobernadores o intendentes peronistas que no desdeñan dar el salto en 2019 hacia la gobernación, incluso si eso significa hacerlo por fuera del estricto marco partidario. El razonamiento sugiere que, con el objeto de mantener la gobernabilidad el próximo año, el macrismo podría terminar negociando ciertos respaldos a candidatos por fuera de Cambiemos en distritos donde los radicales se entusiasman con acceder al poder, como Santa Cruz, Chubut, Catamarca o Córdoba.

Ayer, por caso, uno de los primeros en condicionar por anticipado la posibilidad de bajar impuestos a los servicios fue el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés. La provincia, en tándem con Misiones, Formosa y Chaco, sostiene desde hace tiempo un planteo ante el ministro de Energía por un tratamiento diferencial en materia energética para la región. Piden postergar hasta 2023 la quita de subsidios al precio mayorista de la energía. Corrientes, en particular, reclama el pago en tiempo y forma de regalías de Yacyretá y créditos para regularizar deudas de las distribuidoras provinciales.

"Las tarifas han crecido y eso tiene un impacto fuerte en la provincia. Ya durante el kirchnerismo, al contrario de lo que pasaba en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que eran los sectores más subsidiados de la Argentina, en Corrientes las tarifas eran altísimas", dijo y dejó en manos de los funcionarios del área la evaluación del costo fiscal que podría tener una reducción impositiva.

El peronista de Salta, Juan Manuel Urtubey, pidió "sentarse a rediscutir cuál es la relación fiscal entre la Nación y las provincias". "Porque, si las provincias se van a hacer cargo del subsidio de las tarifas, como nos hacemos cargo de la Salud, de la Educación, de la Seguridad, de la Justicia y, aparte de todo eso, el Gobierno nacional se queda con el 75% de los recursos, hay algo que a mí no me cierra", dijo el mandatario.

Otro peronista, el chaqueño Domingo Peppo, fue todavía menos permeable a la argumentación nacional: "No podemos asumir ningún costo con respecto a la tarifa social. Si hoy no estamos pudiendo cumplir con nuestras boletas, hacernos cargo del 50% del costo de la tarifa social implicaría un caos", aseguró en declaraciones radiales.

Desde Santa Fe, el distrito en el que Cambiemos apuesta a hacer pie el próximo año, el gobernador socialista Miguel Lifschitz también salió a ponerle paños fríos al pedido de Aranguren: "Somos muy serios y responsables en la administración santafesina. No podemos dar una respuesta sin tener claridad sobre el tema", respondieron desde la Casa Gris ante una consulta de este diario. Antes, el propio Lifschitz había dicho que el Gobierno nacional tiene que "revisar las políticas en materia de tarifaria". "Queremos conversar estrategias comunes, pero hacen oídos sordos a nuestros reclamos", lanzó.

Si bien la "coparticipación" de la tarifa social podría llegar por decreto, la reducción impositiva deberá someterse a debate en cada una de las Legislaturas. Y los tiempos de la política, a veces, suelen ir a contramano del termómetro.