Posiciones encontradas en torno a la baja de la edad de imputabilidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, anunció las intenciones del Gobierno de discutir la baja de la edad de imputabilidad al asegurar que es necesaria una nueva ley que regule el Régimen Penal Juvenil, aunque advirtió que una nueva legislación debe tener consenso político.

"Hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político", dijo Garavano a radio Nacional.

El funcionario agregó que la idea es comenzar "una discusión seria" durante el 2017, pero recomendó que el tratamiento legislativo "se dé recién en 2018, lejos de las elecciones" legislativas. Como era de esperarse, la propuesta despertó apoyos y críticas al interior del arco político e institucional argentino. 

La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió sostuvo que "el Régimen Penal Juvenil es la propuesta de la Coalición Cívica desde hace más de diez años" y puso de relieve que la iniciativa "está enmarcada en la Declaración de los Derechos del Niño". "No tener una ley de este tipo es hacer de los adolescentes mano de obra de las organizaciones criminales", manifestó la líder de la Coalición Cívica-ARI mediante un comunicado.

El régimen propuesto por el espacio de Carrió establece como sanciones una serie de medidas tales como la prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida, privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre y privación de libertad domiciliaria.

El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, dijo que está "de acuerdo" con la idea de bajar la edad de imputabilidad y explicó que "no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años", aunque estimó que "debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas". 

Para Lipera, "un menor que va a un instituto reformatorio sale peor, ahí lo preparan para delinquir más", por lo que pidió que se trate como parte de una reforma más integral.

En tanto, el juez en lo Correccional de Menores de Misiones, César Jiménez, argumentó que "la responsabilidad penal juvenil como ley nacional es una asignatura pendiente".

"Estamos trabajando con una legislación de la dictadura militar, que es de 1978 e inicio del 1983, por consiguiente pensar en que no podemos debatir una cuestión tan primordial como la responsabilidad penal juvenil, es una negativa importante", agregó. 

Por su parte, el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, precisó que la intención del Gobierno es que analice bajar a 14 años la edad de imputabilidad "en determinados supuestos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas".

"Queremos poner sobre la mesa es la posibilidad de analizar la baja para 14 años en determinados supuestos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas", sostuvo el funcionario nacional. 

"El rol de la pena debe ser integrar al chico a la sociedad para que pueda desarrollarse, es decir que pueda comprender la responsabilidad del hecho que cometió, pero es más bien una finalidad de tipo preventivo", concluyó.

Por el contrario, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, cuestionó la intención del Gobierno de reducir la edad de imputabilidad a 14 años y consideró que es "una medida populista y demagógica".

A través de su cuenta de Twitter, la referente opositora planteó que "hubiera sido bueno que el Presidente (Mauricio Macri) empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos". La legisladora se preguntó: "¿Y si prueban con educación igualitaria y de calidad, en lugar de seguir con las cárceles, que son la academia del delito? De ahí no salen mejores".

Por su parte, la diputada nacional del Frente Renovador Graciela Camaño aseguró que la propuesta es una "cortina de humo ante el desastre en materia de inseguridad".

"La comisión para bajar a 14 la imputabilidad es cortina de humo ante el desastre en materia de inseguridad", subrayó la legisladora massista. En su cuenta de la red social Twitter, Camaño también señaló que el Presidente "busca titulares" con el anuncio de impulsar una discusión sobre el Régimen Penal Juvenil después de las elecciones.

"Quiere Mauricio Macri comisión para estudiar el tema. Deberían dejar de buscar títulos en diarios y tratar el Código presentado por el Frente Renovador hace dos años", subrayó la diputada.

En el mismo sentido, la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) organismo de DDHH, cuyo presidente es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que "una medida como esta no es la solución para los problemas de la inseguridad, existen contundentes argumentos y estadísticas que demuestran que la baja en la edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito". 

"Con este tipo de medidas solo profundiza la criminalización y estigmatización de los jóvenes", agrega el texto. 

En tanto, desde Unicef admitieron la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores (ley 22.278) pero se pronunciaron en contra de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que se daría "un paso atrás" en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales.

"La normativa vigente (ley 22.278) es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar", dijo a Télam la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca.

"Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad", dijo Misuraca.

Por su parte, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reclamó cambiar "el carácter clasista del sistema judicial", en vez de impulsar iniciativas que bajen la edad de imputabilidad de los menores.

En un comunicado, la Correpi subrayó: "Nos quieren imponer un falso debate legislativo, escondiendo detrás de la biblioteca los cadáveres de miles de pobres. No quieren que veamos que, mientras se mantenga el carácter clasista del sistema judicial y de todo el aparato estatal, los niños pobres seguirán muriendo en los reformatorios".

En el mismos sentido, el exdiputado nacional y dirigente del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño cuestionó la iniciativa y dijo que busca "criminalizar a la juventud".

Del Caño sostuvo que "mientras despide y recorta en educación, el Gobierno pretende bajar la edad de imputabilidad para profundizar su política de criminalización y cárcel para la juventud".

"Es clarísimo que el Gobierno pacta con las cúpulas policiales que comandan el 'gran delito'. Ya lo venimos viendo con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires", señaló el dirigente mendocino.

Por último, el dirigente del Frente Renovador y exministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, advirtió que "es un error abordar el problema de los jóvenes y el delito desde la baja de la imputabilidad". 

A su entender, antes de modificar la edad de imputabilidad "hay que volcar recursos para mejorar los institutos de menores y crear centros de atención de las adicciones"